O. S. 10: el último gran negocio de Carabineros y la huella de sangre de la institución en la historia de Chile

Jorge Molina

Nuevamente salta a la palestra la policía uniformada por una denuncia y acción judicial presentada por Claudio Blanco, exabogado de la Prefectura de Seguridad Privada O.S.10 de Carabineros, debido al acoso laboral que sufrió merced a las designaciones de seguridad privada, de facultad exclusiva del O.S.10, que se han utilizado para beneficiar a oficiales en retiro de aquella institución.

Entonces, en este artículo haremos un breve recorrido por el historial sanguinario y de ilicitudes varias de la policía uniformada, comenzando por la denuncia del abogado Blanco.

-El negocio del O.S.10: de acuerdo a LaRed, el jueves 23 de diciembre, el abogado Claudio Blanco Henríquez presentó su renuncia a la Prefectura de Seguridad Privada O.S.10 de Carabineros tras dos años en el cargo, al cual accedió luego de ganar un concurso público.

Blanco renunció y denunció hostigamientos en su contra y graves irregularidades al interior de la institución. Luego de tomarse unos días libres La Red pudo conversar con él para conocer así en qué consiste esta grave denuncia hecha de forma pública y la cual, asegura “también denuncié a la dirección de la institución sin obtener respuesta”.

En su carta de renuncia, Blanco denuncia de acoso laboral al Prefecto O.S.10 y jefe de Operaciones de la Zona de Seguridad Privada, Control de Armas y Explosivos (Zosepcar), Coronel Marcelo Medel Soto; a la jefa de la asesoría jurídica de la Zosepcar, Capitán Pamela Carrasco Rodríguez; y al General en retiro y exjefe de la Zosepcar, Raúl Agurto Silva.

El abogado asegura que la institución no tomó medidas ante estas denuncias e incluso le aplicó actos disciplinarios injustos, lo que lo motivó a presentar una acción de protección contra el Prefecto, un reclamo funcionario contra la Capitán Carrasco ante Contraloría y una denuncia de tutela laboral ante el 1er Juzgado del Trabajo de Santiago.

Asimismo, en la carta que oficializa su renuncia a Carabineros, Blanco denuncia graves irregularidades y prácticas de corrupción en las designaciones de empresas de seguridad privada, facultad exclusiva del O.S.10.

Una vez instalado en sus funciones, el abogado comenzó a ver con preocupante frecuencia actos que reñían con la legalidad. Por ejemplo, lo que denuncia en su misiva de infraccionar a una empresa sólo porque un general así lo determina sin que haya tras ello un argumento legal. Es resumen, un abuso en sus atribuciones que no tiene justificación alguna.

Dentro de las acciones interpuestas por el abogado se encuentra un recurso de protección, el cual señala: ”se deduce por los actos arbitrarios e ilegales consistentes en la dictación de la Resolución N° 1872 de 20 de mayo de 2021, notificada el 24 de mayo de 2021, mediante la cual el recurrido me aplicó la medida disciplinaria de “CENSURA”, vulnerándose con ella una serie de garantías constitucionales que Consagradas en el artículo 19 N° 2, 21 y 24 de la Constitución Política de la Republica”.

En conversación con el ya mencionado medio de comunicación, Blanco señaló “la resolución interna de la que fui objeto me obliga y ordena eliminar de mi página web particular www.blancoabogados.cl la mención que señala que “Actualmente se desempeña como abogado de la Prefectura de Seguridad Privada OS10 de Carabineros de Chile”. Me representa haber incurrido en faltas tipificadas del reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile; Advirtiéndome que las sanciones aplicadas incidirán en mi próximo proceso calificatorio. Sin embargo, esa es una descripción del trabajo actual que realizan muchos funcionarios en sus páginas de LinkedIn y perfiles de empresas. Yo no estaba incurriendo en ningún ilícito ni infracción y se me cuestiona como forma de presión. Ellos buscaban que yo me cansara y me fuera”.

De la misma manera, el abogado señala que se le fueron quitando responsabilidades y se le sacó de reuniones en las cuales él debía estar presente, todo como medida de presión.

Pero, qué fue lo que lo convirtió en cuestión de meses en persona non grata dentro de la estructura del OS10. Él lo explica:

 “La seguridad privada en Chile está regulada a través de decretos supremos, no hay una ley que lo regulePor esta razón y pese a que se dan las directrices sobre cómo se debe funcionar en materia privada, no es una ley. En este contexto, el cargo más apetecido es el cargo de asesor, el cual está entregado principalmente en el país a funcionarios de FF.AA. y quienes autorizan el funcionamiento de la seguridad privadas es la propia institución de Carabineros. La misma policía de Carabineros puede hasta objetar a un experto en seguridad. Acá hay un tema bastante particular pues quien entrega las autorizaciones es Carabineros, quien hace las evaluaciones, también. Entonces hay una situación súper delicada pues la resolución 2070 de agosto de 2021 instruye a nivel nacional cuáles son las carreras que son afines a los requisitos de las normativas de seguridad privada entre las que nombra dos carreras que se acaban de impartir por primer año, ingeniería en prevención de riesgo y los oficiales o exoficiales graduados de Carabineros de Chile, Investigaciones o FF.AA. Es decir, oficiales que pasaron por la academia. Esto va en directa afectación de otros profesionales preparados para ejercer esa tarea. Esta resolución no tiene análisis de fundamentos por los cuales otras carreras fueron excluidas”, comenta Blanco, quien se mostró contrario a la aprobación de dicha resolución por su evidente falta de transparencia.

Blanco evidenció que con el mencionado decreto este campo laboral tan apetecido por sus altos ingresos, se cerraba casi exclusivamente para oficiales graduados, ya que dos de las tres carreras aceptadas son carreras que recién se están impartiendo.

Además de esto, el abogado vio con más frecuencia que se realizaban multas e infracciones de manera injusta a las empresas por simple deseo de un general al cual no le gustaba algo. “No se justificaban muchas acciones y lo hice saber. No podemos estar sancionando empresas porque un general se enoja porque no lo dejan entrar rápido a un recinto”.

Blanco guardó copia de una grabación, que está incluida en el proceso judicial que levantó contra quienes, señala, lo afectaron por no seguirles el juego. En ella se evidencia que una funcionaria de la policía le pide mandar una sanción para una empresa porque se demoraron en abrir la puerta en el Estadio Nacional. Blanco se niega y ella finalmente le dice que el general ya decidió la razón de la multa y simplemente esta se cursó pese a no tener, dice él, asidero en la legalidad.

También comenzó a evidenciar que muchas veces encargados de seguridad de una empresa llamaban para solicitar favores los cuales eran atendidos como si se tratara de un superior, pese a estar este en condición de retiro. “En Carabineros nunca se deja de ser funcionario, nunca se pierde la autoridad. Entonces, muchas veces se confunde el respeto con lo que no es permitido, los favores a veces podían ser más que eso, y se hacían con frecuencia. Los escalafones generan diferencias de clases y eso afecta la probidad del servicio. Yo nunca vi una situación que estuviera destinada directamente a privilegiar un nombramiento. Sin embargo, las llamadas telefónicas son recurrentes y esas las recibían los coordinadores y ya que se trataba de funcionarios en retiro tenían contacto con las jefatura de forma directa. Ellos tenían acceso telefónico a jefes de los cuales otras empresas no tendrían y ya con eso tenemos una situación de privilegios que otros no tienen”.

Blanco comenta que en el período que estuvo a cargo del área jurídica:

Me encontré en varias ocasiones con actas listas para firma con firmas de funcionarios que no habían asistido a la sesión. Y sólo faltaba mi firma siendo que no era el único ausente. Yo jamás quise firmar nada de eso porque no era correcto. Comenzaron a hostigarme con acciones que buscaban que yo me cansara y me fuera. Un acto se produjo luego de una reunión con el General Aburto y me llama para citarme a una reunión de teletrabajo mientras yo estaba con permiso administrativo. Se me desacreditó y humilló en forma personal delante de todos los presentes en la reunión cuestionando la calidad de mi trabajo porque muchas resoluciones llegaban a mis manos y yo debía o dar le visto bueno o devolver. Yo devolví muchas por falta de criterio o porque no estaban en regla y como están acostumbrados a mandar, se sentían pasados a llevar”.

Es por ello que el abogado judicializó su reclamo una vez que decidió dejar el trabajo debido a la nula receptividad del alto mando ante sus múltiples denuncias y reclamos.

Actualmente el abogado se encuentra a la espera del avance de sus denuncias en los tribunales de justicia.

-Desde la génesis de Carabineros

El 25 de diciembre de 1931, durante el gobierno de Juan Esteban Montero, carabineros llevaron a cabo una cacería de comunistas en la ciudad de Vallenar, asesinado a más de 30 dirigentes y militantes.

Durante el segundo Gobierno de Arturo Alessandri Palma, carabineros perpetraron cuatro masacres.

El 27 de abril de 1931 asaltaron el local de la Federación Obrera de Chile donde sesionaban los obreros municipales en huelga. Dejaron cinco muertos y más de 20 heridos a bala y sable.

En junio de 1934 asesinaron a cientos de campesinos en Ránquil, en el Alto Bio-Bio.

En febrero de 1936 atacaron a los obreros ferroviarios que estaban en huelga dejando a decenas de heridos.

El 5 de septiembre de 1938 asesinaron a sangre fría a 62 jóvenes nazis en el edificio del Seguro Obrero.

En el gobierno de Juan Antonio Ríos carabineros perpetraron tres masacres, todas en el año 1942.

El 11 de junio de 1942 atacaron a campesinos del fundo Llay-Llay, de Purranque, cerca de Osorno, asesinando a dos trabajadores y dejando a otros seis heridos.

El 20 de febrero, reprimieron una manifestación que tenía lugar en la Plaza Ercilla de Santiago, dejando un saldo de un obrero asesinado.

El 7 de octubre también de 1942, asaltaron el local sindical de los mineros del carbón de Lota, asesinado a tres obreros y dejando una ingente cantidad de heridos.

El 28 de enero de 1946 carabineros masacró a los participantes de una concentración en la Plaza Bulnes de Santiago. Mataron a seis personas, entre ellas Ramona Parra, y dejaron numerosos heridos con balas de guerra.

En mayo del mismo año atacaron a la comunidad Ignacia Nacurray, en Palmahue, asesinando a tres mapuches y dejando varios heridos. Durante aquel mes, asimismo, reprimieron a campesinos del fundo La Isla, en la comuna de Fresia. Dos campesinos resultaron asesinados y cuatro resultaron heridos.

En el gobierno de Gabriel González Videla la policía uniformada perpetró seis masacres:

El 12 de junio de 1947 carabineros dispararon en la esquina de Bascuñán Guerrero con Alameda contra choferes y cobradores de micros de Santiago que estaban en huelga, el saldo fue de 4 muertos y 20 heridos.

El 5 de junio de 1949 atacaron a manifestantes que se encontraban en San Diego con Avenida Matta, dejando 19 heridos, algunos de ellos muy graves. Entre los días 16 al 20 de agosto del mismo año, carabineros y efectivos del Ejército reprimieron a estudiantes y obreros que protestaban en la capital contra el alza de los pasajes de la movilización. Hubo cuatro personas asesinadas y numerosos heridos a bala.

El 7 de noviembre de 1950 estudiantes efectuaban manifestaciones en la Plaza de Armas de Santiago, los cuales fueron atacados por carabineros dejando una gran cantidad de manifestantes malheridos a bala.

El 10 de marzo de 1951 carabineros reprimieron a balazos a obreros de la Compañía Refinería de Azúcar de Viña del Mar que estaban en huelga. Hubo 36 trabajadores heridos con balas de guerra.

El 1 de julio de 1952 carabineros atacó a estudiantes y obreros que protestaban en las calles de Santiago contra el Pacto Militar firmado por el gobierno de González Videla y Estados Unidos. Hubo un muerto y varios heridos.

Durante el segundo gobierno de Carlos Ibáñez hubo tres masacres perpetradas por carabineros:

El 17 de septiembre de 1956 atacaron a los obreros de la Oficina salitrera Pedro de Valdivia que estaban en huelga, asesinando a tres trabajadores y dejando a otros 24 gravemente heridos.

El 30 de marzo de 1957 reprimieron a los manifestantes que marchaban por las calles de Valparaíso. El saldo fue de un muerto y varios lesionados.

El 1 de abril de 1957 carabineros dispararon contra los estudiantes que caminaban por calle Miraflores de Santiago. Mataron a una estudiante universitaria y varios jóvenes fueron heridos a bala.

 Durante el gobierno de Jorge Alessandri se registraron algunos ilícitos; como por ejemplo: el 6 de junio de 1960 carabineros irrumpieron en el sindicato de los obreros de Madeco que estaban en paro. Veinte trabajadores resultaron heridos de bala. El 3 de noviembre de aquel año carabineros reprimieron a manifestantes de la CUT en el centro de Santiago; un obrero y un empleado resultaron asesinados.

Durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva en nueve ocasiones la policía uniformada asesinó al pueblo.

En 1965 carabineros asesinaron a un campesino y dejaron varios otros heridos a bala en el fundo Los Cristales.

El 23 de noviembre de 1967 carabineros atacaron una manifestación de la CUT en Santiago, en el marco de un paro nacional contra el ahorro forzoso que quería imponer el gobierno. Siete obreros fueron asesinados y varios otros heridos a bala.

En 1969, en dos oportunidades, reprimieron a pobladores. En Arica el Grupo Móvil de la policía uniformada asesinó a un poblador. En Rancagua, hubo una víctima mortal y varios heridos.

El 9 de marzo de 1969 atacaron a pobladores de Pampa Irigoin, en Puerto Montt. El saldo fue de 11 muertos y muchas personas heridas.

El 28 de agosto de 1969 la represión policial cayó sobre manifestantes en San Miguel, dejando un muerto y varios heridos, siete de ellos graves.

El 11 de septiembre de 1969 carabineros asesinaron en Copiapó a un estudiante.

En 1970 reprimieron a estudiantes en huelga, dos de los cuales fueron asesinados.

El 8 de julio de ese año un carabinero de civil asesinó a un joven comunista en un acto que se realizaba en la Plaza Tropezón de Quinta Normal, en el marco de un paro nacional de la CUT.

-Dictadura Cívico-Militar

-Cuesta Barriga: el día 16 de septiembre de 1973, en la madrugada, una patrulla al mando del teniente Gerardo Alejandro Aravena Longa e integrada, además, por el sargento 2° Benjamín Seguel Ortiz -actualmente fallecido-, los carabineros Ciro del Carmen González Hernández, Manuel Arturo Lepe Barraza -actualmente fallecido- y Arnoldo Alfredo Valdebenito Sanhueza y por funcionarios del Ejército de Chile, trasladó a un grupo de detenidos hasta la cuesta Barriga, lugar en que los obligó a descender del vehículo que los transportaba y, acto seguido, tras ubicarlos en fila y situarse frente a ellos, dispararon en su contra, abandonando los cuerpos en el lugar.

-Caso Laja: en septiembre de 1973, carabineros de la Tenencia de Laja apresaron a 14 trabajadores de la Papelera y Ferrocarriles, a dos estudiantes secundarios y dos profesores. Los llevaron al Fundo San Juan, donde los ejecutaron y enterraron clandestinamente. Todos los policías habían bebido copiosamente pisco proporcionado por la Papelera. En un fallo unánime, el 15 de marzo de 2018 la Corte de Apelaciones de Concepción procesó a tres jefes y un chofer de la empresa del Grupo Matte como cómplices de los homicidios: Pedro Jarpa, Carlos Ferrer, Lionel Aguilera y Rodolfo Román. Todos ellos cumplieron roles clave en la masacre: dieron los nombres de los trabajadores calificados como “agitadores”, facilitaron vehículos y choferes para la caravana de la muerte encabezada por el agricultor Peter Wilkens, y entregaron la cal que se usó para cubrir sus cuerpos luego de asesinados.

-Caso Mulchén: el 4 de octubre de 1973, un cabo del regimiento N° 13 del Ejército de Los Ángeles, junto a 3 conscriptos, fueron delegados para ponerse a disposición de la comisaría de Carabineros de la ciudad. Esa comisión acompañada de un teniente de Carabineros y 4 de sus funcionarios partió al sector cordillerano de Mulchén, para buscar una lista de personas opositoras a la dictadura militar de la época. El 5 de octubre la comitiva llegó hasta el fundo ‘El Morro’ y detuvo, sin orden administrativa o judicial a 5 personas, quienes fueron trasladadas hasta el sector ‘La Playita’ del río Renaico para ser ejecutadas y posteriormente hacer desaparecer sus cuerpos. Asimismo, la comitiva llegó hasta los fundos ‘Carmen’ y ‘Maitenes’, donde se detuvo a 7 personas a quienes se les obligó a cavar su propia fosa de muerte, de 6 por 4 metros, para posteriormente ser fusilados e inhumados ilegalmente. El 7 de octubre, se detuvo a 5 personas en el fundo ‘Pemehue’, quienes fueron ejecutadas en el lugar y sus cuerpos dejados en fosas clandestinas, donde fueron encontrados por sus propios familiares. Posteriormente, entre fines del año 1978 y principios del 1979, una sección del regimiento “Húsares” de Angol, luego de recibir un criptograma de la Comandancia en Jefe del Ejército, concurrió a los sitios de las inhumaciones ilegales y exhumó los restos para hacerlos desaparecer, en medio de un proceso de investigación de los hechos.

-Caso Lonquén: quince campesinos, todos varones, entre 17 y 51 años, fueron detenidos por carabineros en la localidad de Isla de Maipo, al sur de Santiago. Sergio Maureira Lillo y sus cuatro hijos, Rodolfo Antonio, Sergio Miguel, Segundo Armando y José Manuel; Oscar Hernández Flores y sus hermanos Carlos y Nelson; Enrique Astudillo Álvarez y sus dos hijos Omar y Ramón; y los cuatro jóvenes Miguel Brant, Iván Ordóñez, José Herrera y Manuel Navarro. Todos ellos fueron llevados desde sus hogares hasta la tenencia de Isla de Maipo, en ese lugar fue la última vez que se les vio con vida. Un campesino se dirigió a las oficinas de la Vicaría de la Solidaridad. Denunció que en unos hornos de una mina de cal encontró los restos de cuerpos humanos.

-Caso degollados: Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino fueron detenidos y secuestrados en dos operativos a plena luz del día, perpetrados por agentes de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar). Pese a las intensas actividades desplegadas, no se tuvo noticia alguna de los secuestrados hasta el 30 de marzo de 1985, cuando son encontrados sus cuerpos degollados en el camino que une Quilicura con el Aeropuerto de Pudahuel.

-Caso hermanos Vergara Toledo: el 29 de marzo de 1985, los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo fueron asesinados por una patrulla de Carabineros en un callejón de la población Robert Kennedy, en la actual comuna de Estación Central. La patrulla fue comandada por el subteniente Alex Ambler Hinojosa e integrada por los policías Nelson Toledo Puente, Marcelo Muñoz Cifuentes y Jorge Marín Jiménez. Este último reconoció haber rematado a Rafael en la nuca al interior del furgón de carabineros. Eduardo fue el primero en morir con una bala por la espalda y otra en el muslo.

-Caso André Jarlan: la oposición a Pinochet llamó a jornada de protesta nacional para los días 4 y 5 de septiembre de 1984. El día 4, efectivos de carabineros ingresaron a la población La Victoria, reconocida como un bastión emblemático de resistencia a la dictadura militar y al ser enfrentados por los pobladores con barricadas, fogatas, bombas molotov y miguelitos comenzaron a disparar al aire. Una bala atravesó la pared de madera de la casa parroquial de la población e impactó en el cuello de Jarlan mientras este leía la Biblia, causándole la muerte.

-Período democrático

-Jorge Suarez Marihuan (2001): hermano del Lonko de la comunidad de Malla Malla en el Alto Bío Bío, quien fue encontrado muerto el 11 de diciembre de 2001 en la ribera del río Queuco, luego de permanecer desaparecido por 6 días. La comunidad denunció una golpiza por parte de un grupo de desconocidos, que habrían actuado en complicidad con la policía uniformada.

-Edmundo Lemunao Saavedra (2002): fue asesinado durante la ocupación del fundo Santa Elisa, propiedad de la Forestal Mininco. El mayor Marco Aurelio Treuer utilizó una escopeta Winchester calibre 12.

-José Huenante Huenante (2005): durante la madrugada del 3 de septiembre de 2005, José de 16 años de edad, fue subido al radio patrulla (RP) N°1375 perteneciente a la 5.ª Comisaría de Puerto Montt. Eso fue en plena Avenida Vicuña Mackenna. Desde entonces se desconoce su paradero.

-Juan Collihuin Catril (2006): durante un allanamiento ocurrido en 2006 en el sector de Bollilco Grande, Nueva Imperial, fue asesinado el Lonko Juan Collihuin Catril por el sargento Luís Marimán. Al lugar llegaron carabineros acompañados por un grupo de civiles, no contaban con orden judicial y ocurrió de madrugada.

-Rodrigo Cisternas (2007): el 12 de marzo de 2007 tuvo lugar el primer movimiento de trabajadores forestales en el sector Horcones, donde se ubica la planta de Celulosa Arauco. El 30 de marzo se inició una segunda movilización. En la noche del 3 de mayo, se produjeron intensos enfrentamientos entre trabajadores y carabineros. Éstos, de manera criminal, asesinaron al obrero Rodrigo Cisternas, de 26 años de edad, dejando otros 3 trabajadores heridos, más 13 detenidos. Como siempre ocurre, Ministro del Interior y la Intendente Regional intentaron justificar la represión policial.

-Matías Catrileo Quezada (2008): durante la noche del 3 de enero de 2008, un grupo de 30 comuneros mapuche ingresaron al fundo Santa Margarita, de la comuna de Vilcún, que está a nombre de Jorge Luchsinger y es reclamada por la comunidad Lleupeco Vilcún. Al percatarse de la fuerte dotación policial del sector, el grupo comenzó a quemar fardos de pasto. Según el audio entregado por la Central de Comunicaciones de Carabineros (CENCO) los comuneros sólo estaban atacando con piedras. Es ahí cuando se escucha la orden, “métele un balazo”. El cabo Walter Ramírez acusa recibo y dispara su subametralladora UZI. Una bala entra por la espalda en el pulmón de Matías Catrileo, estudiante de agronomía de la UFRO. Muere minutos después.

-Johnny Cariqueo Yañez (2008): murió de un infarto el 31 de marzo del 2008, tras una brutal golpiza propinada por carabineros del GOPE y de la Comisaría 26º de Pudahuel , minutos después que fuera inaugurada en esa comuna la plaza 29 de marzo, dedicada a los luchadores sociales caídos en dictadura y en democracia.

-Jaime Mendoza Collío (2009): resultó asesinado durante la ocupación del fundo San Sebastián por parte de su comunidad. El autor de los disparos, el cabo Patricio Jara Muñoz, alegó legítima defensa, presentando su casco y chaleco antibalas con numerosos impactos de balines. Un informe de la Policía de Investigaciones confirmó que dichos impactos habían sido hechos de manera posterior.

-Camilo Catrillanca (2018): nieto del lonko de la comunidad Ignacio Queipul Millanao del Lof Temucuicui, Juan Catrillanca. Falleció por un disparo en la cabeza percutado por funcionarios del Comando Jungla instaurado por el gobierno de Sebastián Piñera, mientras regresaba a su hogar en tractor.

-Estallido social: 34 muertos y 5.558 personas han denunciado violaciones de DD.HH. Además, el reporte de la Unidad Especializada en Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional –que coincide con la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al país para verificar el resguardo de las libertades fundamentales- entrega un crudo panorama de lo sucedido en el país desde el 18 de octubre. En cuatro de las 34 muertes, estas son atribuibles a agentes del Estado, mientras que otras dos personas fallecieron mientras se encontraban bajo custodia en comisarías, indica el informe. Asimismo, se cuentan 285 denuncias por lesiones oculares. La institución más denunciada es por lejos Carabineros (2020).

-Pacogate: megafraude descubierto al interior de Carabineros que asciende a más de $35 mil millones.

-Compras con Sobreprecios: en enero de 2012 se desvelaron muchas irregularidades en las compras del Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) de Carabineros. Se trataría de $1.600 millones en malversación de fondos públicos. El entonces general González Jure presidía  el Consejo de Adquisiciones y Enajenaciones de Carabineros, que tenía como principal función velar para que no se produjeran irregularidades.

-Escuchas telefónicas ilegales: durante el año 2011 Bruno Villalobos fue denunciado por este hecho por el periodista Patricio Mery Bell y por los abogados Rubén Jerez y Claudio Cofré.  Exfuncionarios  de la misma institución acusaron de ser víctimas de “pinchazos” ilegales ordenados desde la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar), a cargo de Villalobos. Según datos entregados por el exuniformado Estaban Infante, el Alto Mando de Carabineros mantendría intervenidos los teléfonos de los diputados Guillermo Tellier, Hugo Gutiérrez y Sergio Aguiló; y de los senadores Alejandro Navarro y Alberto Espina. Además, de acuerdo a la denuncia, esta práctica se extendería también a importantes dirigentes sindicales y del mundo social.

-Montaje contra Saif Khan: el año 2010, Villalobos era director de Inteligencia de Carabineros, fue aquí cuando trascendió “El Caso del Paquistaní Terrorista”. Khan fue imputado por la ley de explosivos luego que se le encontraran trazas de pólvora en su ropa, las mismas que quedan tras prender un fósforo, cuando ingresaba a la embajada de Estados Unidos en Santiago. Incluso fue mentirosamente motejado de ser miembro de Al Qaeda.

-Montaje Caso Bombas: El exgeneral Villalobos, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, tuvo cercanía con el entonces ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter y, en su rol como jefe de la Dipolcar, tuvo estrecha relación con los exfiscales Xavier Armendáriz y Alejandro Peña en la indagatoria investigativa del denominado “Caso Bombas”, que terminó convirtiéndose en uno de los más sonados fracasos del Ministerio Público. Se fabricaron pruebas para incriminar a jóvenes anarquistas acusados de plantar bombas en todo Santiago. Hasta el día de hoy queda la duda si Villalobos tuvo alguna participación en la generación de un pánico colectivo utilizando las viejas tácticas de ataques de falsa bandera para mantenerse en el cargo.

-Operación Huracán: en sepptiembre de 2017 esta operación condujo a la detención de ocho comuneros mapuches supuestamente involucrados en una asociación ilícita terrorista en el sur de Chile, asociados con la cúpula de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) y Weichan Auka Mapu. En enero de 2018, tras quedar a cargo de la investigación de los hechos, el Ministerio Público informó que se habría descubierto mediante pericias técnicas que Carabineros habría manipulado pruebas, razón por la que abrió una investigación contra la propia policía uniformada para determinar la existencia de los delitos de falsificación de instrumento público y de obstrucción a la investigación.

-Hostigamiento y escuchas a periodistas: la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada de Carabineros de Chile (UIOE) hace bastante tiempo que ilegalmente interceptaba mensajes e investigaba a periodistas como Patricio Mery Bell (director de Panoramas News), y a colegas suyos de Radio Biobío, El Ciudadano, The Clinic, Mapuexpress y Werken.

Fuentes: La Red, El Ciudadano, Iván Ljubetic Vargas, Radio Universidad de Chile, Kaos en la red, Memoria viva, El Mostrador.

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