Corte Suprema rechaza demanda contra empresa de transportes por prácticas antisindicales

Cuarta Sala del máximo tribunal acogió recurso de unificación de jurisprudencia y, en sentencia de reemplazo, rechazó la denuncia por prácticas antisindicales en contra de empresa de transportes de Antofagasta, al establecer que la acción se encuentra caducada.

La Corte Suprema acogió recurso de unificación de jurisprudencia y, en sentencia de reemplazo, rechazó la denuncia por prácticas antisindicales en contra de empresa de transportes de Antofagasta, al establecer que la acción se encuentra caducada.

En fallo dividido (causa rol 27.681-2018), la Cuarta Sala del máximo tribunal –integrada por el ministro Ricardo Blanco, las ministras Gloria Ana Cheveisch, María Teresa Letelier, la abogada (i) Carolina Coppo y el abogado (i) Gonzalo Ruz– estableció error en la sentencia impugnada, dictada por la corte de Apelaciones de Antofagasta, al confirma la de primer grado que rechazó la excepción de caducidad interpuesta por la empresa.

“Que, de lo anterior, resalta que efectivamente existen dos interpretaciones contrapuestas del inciso final del artículo 486 del Código del Trabajo, en relación a los artículos 292 y 168 del mismo cuerpo legal, expresadas en fallos de los tribunales superiores de justicia, sobre la forma en que debe contarse el plazo de caducidad de la acción deducida en la presente causa, cuestión que afecta el fondo de lo decidido en la medida que se trata de una forma de extinción de la pretensión entablada”, plantea el fallo.

La resolución agrega: “Que, como se estableció en la sentencia de contraste traída a la vista, de acuerdo con el tenor literal del artículo 486 del Código del Trabajo, el plazo de sesenta días debe contarse desde la ocurrencia de la vulneración denunciada, cuestión que, por la remisión efectuada por el artículo 292 del mencionado estatuto, debe entenderse referida a la práctica antisindical cometida”.

“En este sentido –continúa–, se advierte que se han adoptado por los tribunales de fondo dos interpretaciones distintas para efectos de computar el plazo de caducidad, toda vez que la interpretación ofrecida por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, a este respecto, establece que el plazo debe ser contabilizado desde la certeza de su acaecimiento, y que aquello sólo ocurre cuando la Inspección del Trabajo ha realizado su investigación y fiscalización, la que termina con el informe de conclusiones jurídicas”.

“Por otro lado, la sentencia de primera instancia sitúa el inicio del cómputo del plazo cuando se agota la instancia de mediación obligatoria, establecida en el artículo 486 del Código del Trabajo”, añade.

Para la Sala Laboral: “Adoptar cualquiera de las dos posturas implicaría que, de alguna forma, las actuaciones administrativas previas tienen la virtud de generar un nuevo plazo que se cuenta desde la emisión del informe o el término de la mediación, cuestión que se encuentra completamente alejada del entendimiento normal de cuándo se produjo la acción u omisión que provocó la vulneración que se denuncia de acuerdo con lo que establece la ley”.

“Que el inciso final del artículo 486 del Código del Trabajo expresa que ‘el plazo se suspenderá en la forma a que se refiere el artículo 168’, razón por la cual la suspensión a la que hace alusión la primera de las normas reseñadas, debe entenderse producida en los mismos términos contenidos en el artículo 168 del referido cuerpo de leyes”, afirma la resolución.

Asimismo, el fallo consigna que: “(…) es una regla general que el inicio de un procedimiento administrativo por parte de un interesado conlleva la suspensión de los plazos que se encontraren corriendo (cf. el artículo 54 de la Ley Nº19.880), sin embargo, en este caso concreto, existe una regla especial respecto de la suspensión, aplicable en la especie por la remisión normativa a la que se hizo referencia: la acción, en cualquier caso, no puede entablarse transcurridos 90 días hábiles, los que se encontraban largamente cumplidos al 29 de mayo de 2019, fecha de interposición de la denuncia, toda vez que la infracción se había producido, como última fecha, el 8 de enero de 2019. Huelga señalar que la intervención de la Inspección del Trabajo, a este respecto, no es obligatoria, que la organización sindical posee diversos medios a su disposición a fin de lograr el cometido de la emisión del informe, que, en cualquier caso, puede ser incorporado con posterioridad a la denuncia respectiva y, finalmente, que el sindicato puede interponer la denuncia respectiva, pues está legitimado para ello”.

“Que, en tales circunstancias, yerra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta al rechazar el recurso de nulidad interpuesto por la denunciada, al concluir que la del grado no incurrió en error de derecho al rechazar la excepción de caducidad planteada, en un caso en que se comprobó que la denuncia había sido interpuesta después de transcurrido el plazo para ello”, concluye.

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